Una vez más, vemos que el gobierno libertario echa por tierra todas sus “ideas” de campaña, como por ejemplo, “el que las hace las paga”. FALSO.

Recientemente salió a la luz una de las maniobras libertarias más groseras: el gobierno de La Libertad Avanza, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo del abogado del presidente Diego Spagnuolo, avanzó con la auditoría sobre un millón de beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Discapacidad Laboral. Para esto, los beneficiarios recibían una carta documento con la fecha, hora y lugar donde debían presentarse, según el domicilio declarado cuando accedieron al beneficio, y los profesionales médicos del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad eran los encargados de atenderlos y ver que los papeles estaban en orden. En caso de no responder a esta carta documento, se enviaba una segunda intimación. Si no asistían al lugar propuesto, se procedía a la suspensión con una tercera instancia que era el banco donde cobraban el beneficio que les informaba que no percibirán la asistencia si no regularizan su situación, esto es, comunicarse con la ANDIS para acordar una revisión médica. Si no lo hacían, se iniciaba el trámite para la baja definitiva.

DOLOR debe haber causado en las familias de las personas con discapacidad de toda la República Argentina, los audios del mencionado funcionario haciendo referencia a los desvíos de fondos de su agencia y que, en estas horas, se ven involucrados los altos mandos de Gobierno.

Pero desde nuestra representación gremial, hay un tema que no tiene que pasar desapercibido y que es como fue la notificación a los beneficiarios. Para el envío de las cartas documentos que comunicaban las suspensiones de las pensiones hubo una licitación donde se llamó a contratar 720.000 servicios postales que, supuestamente, se iban a enviar a todo el territorio argentino. La ganadora fue la empresa de cabecera del desregulador serial Federico Sturzenegger: ANDREANI y acá queremos detenernos.

Nos parece obsceno e intolerable saber que esta empresa cobró el monto de $13.000.000.000 (trece mil millones) de pesos por mandar 997.654 cartas documento donde 504.000 no llegaron a destino.  

Desde nuestra posición, entonces, nos hacemos 3 preguntas que se desprenden de esto: ¿Porque no se le concedió la entrega al Correo Argentino sabiendo que, por ejemplo, mucha gente con discapacidad beneficiaria de esta pensión vive en zonas donde solo el Correo se hace presente porque ANDREANI, al no ser “rentable”, ni se acerca?. ¿Porque gastaron ese monto en una empresa privada y hay más del 50% que no llegaron a destino?. Y por último, ¿habrán ido a los lugares de entrega?. Para las 3 tenemos una afirmación: HICIERON CAJA. TODOS. 

Repudiamos los audios y el manejo espurio de fondos destinados a enriquecer las arcas de funcionarios de este modelo empobrecedor. Instamos a la justicia a investigar y dejamos en claro, una vez más, que vamos a estar unidos, organizados y firmes en defensa de nuestro querido correo de bandera.