El pasado martes 7 de junio en el auditorio del Sindicato de Correo y Telecomunicaciones de la ciudad de Rosario, se llevó adelante un “Taller de Sensibilización” a cargo de Andrea Lezcano y Néstor “Yuyo” García, padres de Micaela.
Micaela García tenía 21 años cuando en la madruga del 1° abril de 2017, en la localidad entrerriana de Gualeguay, a la salida de un boliche, fue secuestrada, violada y asesinada por Sebastián Wagner, un hombre que tenía antecedentes penales por abuso sexual, pero gozaba de libertad condicional, a pesar de que varios informes técnicos desaconsejaban su liberación. La lucha por justicia y el impacto social del caso, expusieron la carencia en perspectiva de género de los organismos del Estado y alertaron sobre la necesidad urgente de capacitar a sus integrantes. El resultado fue la sanción, en diciembre de 2018, de la ley 27.499, la Ley Micaela, que obliga a capacitar en temas de género y violencias a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En una charla luego de la capacitación donde hubo escucha, participación por todxs lxs presentes y emociones; Yuyo reflexionó sobre algunos temas.
¿Cómo fue la experiencia del Taller convocado por Secyt Rosario? De Rosario nos llevamos un hermoso momento porque no sólo pudimos brindar una charla sobre la Ley Micaela y hablar sobre las problemáticas de género en la actualidad, sino que además, pudimos distendernos, escucharnos, reírnos y aprender todos juntos. Nuestro objetivo es que el mensaje llegue, queremos una sociedad igualitaria y nuestro compromiso se centra en la promoción de la Ley y en el esfuerzo de que su cumplimiento sea real, es decir, transformador.
Son un ejemplo de transformación positiva del dolor. A través de estos Talleres pudieron lograr que la Ley Micaela sea escuchada, llegue al Congreso y forme parte de capacitaciones a lo largo de todo el país...
Tratamos de que la sociedad que Micaela soñó, se haga realidad aunque ella no esté físicamente. Trabajamos por y para el mundo que Mica soñó.
La Ley Micaela ordenó a la Fundación a seguir un faro concreto que son las actividades con perspectivas de género. Toda intervención debe tener perspectiva de género y ése es nuestro objetivo, por eso las capacitaciones, los cursos y talleres. Porque esto es lo que define a Micaela. Desde el 2018 venimos trabajando de manera conjunta con las distintas provincias para la aprobación de la Ley. Hoy en día hemos logrado que las 24 provincias de nuestro país estén adheridas.
Una de las consignas de la marcha del 3J fue la precarización laboral de las mujeres y la necesidad de la independencia económica, ¿qué opinás sobre esto?.
Micaela en el 2017 hizo una Feria que se llamó “La mujer trabajadora” entendiendo esta cuestión, donde ayudó junto a otros movimientos populares a muchas mujeres que estaban en situación de violencia y no tenían recursos para salir adelante. La segunda fecha de la Feria estaba programada para el 8 de abril, pero ese día la encontramos asesinada.
El año pasado, después de las restricciones por la pandemia, pudimos volver a hacerla en la Fundación. Éstas mujeres, pudieron y pueden vender sus productos manufacturados, como por ejemplo, macetas pintadas y biodegradables, plantas y plantines, tazas, remeras, etc.; y esos ingresos las empodera y de a poco logran su independencia económica.
Desde el área de género, seguimos trabajando y asistiendo a mujeres que han sufrido violencia de género y siempre hacemos hincapié en la economía popular. En los sueños de Micaela estaba la patria peronista y esto se ve reflejado en todo el trabajo que realizamos a diario en la Fundación.
Otro de los temas que interpela a la sociedad y sobre todo a las mujeres de hoy, es la Reforma Judicial con perspectiva de género. ¿Por qué creés que no se avanza en esto?
El viernes pasado, el 3J, estuvimos reunidos con el Presidente Alberto Fernández y le planteamos este tema. Lamentablemente es un tema difícil y controversial. Uno entiende cuando la negativa viene del Poder Judicial o la oposición pero cuando la negativa viene de Ministerios de nuestro color político, que votamos y acompañamos, duele mucho.
Pero la construcción social es muy fuerte y hay que seguir luchando. Sabemos muy bien que acá no hay respuestas mágicas, esto va a llevar tiempo pero no hay que bajar los brazos y luchar todos los días hasta conseguir la reforma judicial.
¿Se sienten acompañados desde el sector político? En parte sí, creemos que hay una intención sincera por parte de los dirigentes de implementar la Ley Micaela. Pero también hay políticos, hombres y mujeres, que miran para otro lado y en realidad no los atraviesan las temáticas del feminismo.
Como siempre decimos, quizás nosotros hacemos esto porque Micaela tiene 3 hermanos varones y seguramente tengamos una nieta o una bisnieta y tal vez ellas sí puedan disfrutar de la sociedad que Micaela soñó.
En diciembre de 2018, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.499 – Ley Micaela de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es la Autoridad de aplicación. Se trató de un logro colectivo, fruto del incansable trabajo de la Fundación Micaela García “La Negra” y de la movilización social que produjo el femicidio de esta joven, militante política y activista del movimiento “Ni una
menos”, quien fue violada y asesinada en abril de 2017. Sebastián Wagner, su femicida, contaba al momento del crimen con dos condenas por violación, pero sin embargo, se encontraba en libertad condicional por la decisión del juez Carlos Rossi, a pesar de toda una serie de informes psicológicos que no la recomendaban. El caso expuso la falta de perspectiva de género por parte del Estado.
La capacitación en Ley Micaela busca identificar las visiones y las prácticas que reproducen discriminación y violencia de género dentro de los organismos del Estado, ofrece herramientas teórico-prácticas para avanzar en su deconstrucción, y constituye un aporte fundamental a la transversalización de género dentro de la administración pública y en otras instituciones que deciden implementarla. Sus objetivos, concuerdan y se vinculan con diversos compromisos que el Estado argentino ha asumido a través de la suscripción a diversos tratados internacionales y con importantes leyes nacionales tales como:
● La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas en 1979 y aprobada por la Argentina en 1985 mediante la Ley 23.179. Hoy este tratado internacional tiene
rango constitucional.
● La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida también como Convención de Belém do Pará), adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 1994 y aprobada por la Argentina
en 1996 mediante la Ley 24.632. Señala que la violencia es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Además, llama la atención sobre el hecho de que este problema trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión, afectando negativamente sus propias bases.
● Los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y la identidad de gé- género ─elaborados en 2006 por un comité de expertos de diversos países a petición de la
entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour─
● La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales, sancionada en 2009, y actualizada en 2019 a través de la Ley
27.501 y de la Ley 27.533.
● La Ley 26.743 de derecho a la identidad de género de las personas, sancionada en 2012, herramienta fundamental en la lucha contra la violencia de género.
La adhesión a estos tratados internacionales y la sanción de leyes nacionales comprometen al Estado a luchar contra todo tipo de violencia y discriminación por motivos de género, y la educación es un instrumento fundamental al respecto, en tanto posibilita llevar adelante la deconstrucción de los patrones culturales en que se asienta socialmente esta problemática.
En este sentido, constituye una necesidad imperiosa promover esta deconstrucción en lxs agentes estatales, cualquiera sea su posición jerárquica, por cuanto de esto depende tanto la prevención como la adecuada atención que pueden brindar las instituciones públicas ante situaciones de violencia de género. Y en esta dirección apuntan los objetivos de la Ley Micaela. Asimismo, es fundamental abonar a la creación y consolidación de mecanismos que contribuyan a desnaturalizar las lógicas patriarcales que están presentes y se reproducen dentro de todo tipo de instituciones. Actualmente, el conjunto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades, sindicatos, instituciones intermedias, clubes, organizaciones sociales, partidos políticos, empresas, colegios profesionales, etc. y más de seiscientos municipios, han adherido a la Ley Micaela otorgando un carácter federal al desafío de la transformación institucional que implica la norma.
El objetivo es promover el acceso a la información fundamental para prevenir la violencia de género en todas sus formas, para abonar a la construcción de una sociedad más igualitaria, libre de violencia y discriminación. Y contribuir en la erradicación de los mecanismos que, desde el Estado y las instituciones, reproducen violencias de género y vulneran derechos.
Como objetivos específicos, podríamos enumerar:
1. Sensibilizar acerca de la problemática de la violencia de género, los motivos sociales y culturales que la generan y reproducen, su alcance y consecuencias.
2. Modernizar las prácticas institucionales del Estado y otras organizaciones de la sociedad civil en perspectiva de Derechos.
3. Identifi car críticamente aquellas miradas y prácticas que naturalizan y reproducen la discriminación y la violencia por motivos de género dentro de las Instituciones.
4. Promover el cumplimiento del marco normativo nacional e internacional en materia de Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres, y prevención/erradicación de las violencias.
5. Brindar herramientas para un accionar más eficiente y humanitario del Estado y otras instituciones en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia e género.
6. Promover el trabajo colaborativo y en red.
7. Promover la participación del colectivo masculino en las capacitaciones.
Agradecemos por brindarnos esta información a Andrea Lescano y Néstor García.
SECYT está comprometido en brindar las herramientas necesarias y ser el medio para
ayudar a visibilizar la importancia de implementar la Ley como corresponde.